El Proyecto Castor, un almacén de gas submarino, que ha captado más de medio millar de seísmos en el último año, ha liquidado sus cuentas ya que el Consejo de Ministros aprobó el pago de 1350,7 millones de euros a ACS.
El Gobierno encargó a una Enagás Transporte, gestora del sistema gasista, la administración, instalación, mantenimiento y pagara la indemnización. Esta compañía comunicó el pago y añadió que se han reconocido más costes “de operación y mantenimiento”, que incrementan la indemnización.
El dinero afectara al recibo de consumidores durante los próximos 30 años. Enagás ha firmado un acuerdo con varios bancos para pagar los millones a cambio de cederles los derechos de cobro de esos recibos con carácter neutro ya que no contara como deuda . En 2013 el Gobierno inmovilizó la inyección de gas prevista a causa del registro de terremotos superiores a 4 en la escala Richter. El Consejo de Ministros ha decidido que siga paralizada hasta que sea aconsejable continuar o hasta que se pueda destruir de modo seguro.
Este proyecto fue aprobado en 2008 como un depósito estratégico con capacidad (comprende el gas natural equivalente al necesario en España durante 17 días).Pero no se ha abierto como almacén ya que al inyectar gas colchón para comprobar su funcionalidad se detectó que estaba afectando a una falla no cartografiada que provocó seísmos.
Una cláusula del decreto de aprobación, fue considerada abusiva y contraria al interés general por el Gobierno actual. Esta permitía que se indemnizara a Castor en caso de negligencia. Mas tarde el abagoda del Estado la intento eliminar pero su propuesta fue denegada. La nueva Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en 2013, obliga a intoducir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica, obligación incluida a última hora después de que estallara la crisis del Proyecto Castor.
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