El jueves 2 de marzo la asamblea de Madrid ha aprobado la ley de la muerte digna. Actualmente hay nueve comunidades autónomas que recoge este derecho para el paciente. La primera en aprobarla fue Andalucía en 2010 impulsada por Inmaculada Echevarría, quien paso su vida en cama y en el 2007 consiguió ser desconectada después de nueve años. La asociación derecho a morir dignamente reivindica una ley de muerte voluntaria.
Por una parte el código penal tipifica la eutanasia como delito, y por otra parte la ley de la autonomía del paciente si reconoce al enfermo sus derechos como en negarse a recibir un tratamiento. Las leyes autonómicas no contemplan que un paciente decida cuando morir, pero hay algunas comunidades como por ejemplo Cataluña o Navarra que piden al parlamento que reconozca el derecho a decidir sobre la eutanasia.
Las normas de las 9 comunidades que la han legalizado son idénticas: al paciente se le informará sobre sus opciones, tratamientos y mas alternativas, se le dejará decidir si quiere morir en su domicilio o en el hospital y si quiere morir acompañado y de quien o si prefiere intimidad.
Las comunidades que no han legalizado la muerte digna cuentan con el derecho a testamentos vitales.
A pesar de todo no hay diferencia entre los derechos del paciente en las comunidades que han legalizado la muerte digna y los que no, y si la hay, es que la ley digna ofrece mas garantías en cuenta a los cuidados paliativos. El presidente de la Asociación Muerte Digna afirma que solo una ley de muerte voluntaria mejorará la calidad de la muerte.
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